El PP denuncia un premio europeo a la PAH

Un manifestante con una camiseta de la PAH, en una protesta en Barcelona el 27 de marzo de 2013.
Un manifestante con una camiseta de la PAH, en una protesta en Barcelona el 27 de marzo de 2013.
(©AFP/Archivos)

El Partido Popular (PP) protestó contra la concesión de un premio europeo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) una organización de lucha contra los desalojos de propietarios endeudados, que se multiplican en el país desde el principio de la crisis.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fue galardonada el jueves con el ‘Premio Ciudadano Europeo 2013′, que recompensa “a personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores europeos”, explicó el Parlamento Europeo en un comunicado.

La PAH, creada en 2009, es responsable de numerosas manifestaciones organizadas frente a los domicilios de familias endeudadas que permitieron impedir o retrasar sus expulsiones. La asociación también reunió este año 1,4 millones de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a bloquear los desahucios, que intentó en vano hacer adoptar por el Parlamento.

La vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, no quiso “entrar a valorar una decisión” europea, pero la delegación del PP en el Parlamento Europeo expresó su “indignación”. En un comunicado lamentó que sea premiada “una plataforma que se ha caracterizado por la utilización de la intimidación y la violencia, métodos, a nuestro juicio, que no representan en absoluto los valores europeos que pretende destacar” este premio.

La delegación del PP hacía referencia a los ‘escraches’, manifestaciones -inspiradas en las creadas en los años 1990 en Argentina para denunciar a los represores de la dictadura- realizadas en los últimos meses por pequeños grupos de militantes antidesahucios frente a los domicilios de miembros del gobierno.

Respaldada por los partidos de izquierda y los sindicatos, la portavoz de la PAH, Ada Colau, consideró que este premio europeo debería llevar al Ejecutivo de Rajoy a ampliar la ley adoptada en abril para limitar los desahucios, juzgada insuficiente por las ONG.

La ILP iba más lejos y preveía el saldo de la deuda con la entrega del domicilio embargado, el cese de las expulsiones de la residencia principal y la transformación en vivienda social de todas las casas vacías pertenecientes a bancos.

Cerca de 40.000 viviendas fueron embargadas en España en 2012 debido a impagos, según el Banco de España. Símbolo de la crisis, los desahucios de familias provocaron indignación en el país.

 

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